Esther Vivas
Tlaxcala
“¿La independencia de Catalunya? Por encima de mi cadáver y el de otros muchos militares”. Con estas palabras el teniente coronel de infantería Francisco Alamán Castro se refería, el pasado 31 de agosto, a una eventual independencia de Catalunya. Y añadía: “No lo tendrán fácil.
Aunque el león parezca dormido, que no provoquen demasiado al león, porque ya ha dado pruebas sobradas de su ferocidad a lo largo de los siglos. Esa gavilla es muy poca cosa si se le planta cara”.
Éstas no han sido las únicas declaraciones que, tomando la verborrea actual a la que algunos políticos son tan aficionados, podríamos calificar de “antidemócratas”, “golpistas” y “antisistema”.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, emplazaba al Gobierno, después de la manifestación del 11 de septiembre, a suspender la autonomía de Catalunya si ésta utilizaba el dinero del fondo de rescate autonómico “para financiar la secesión”.
El vice-presidente del Parlamento Europeu y eurodiputado del PP, Alejo Vidal Quadras, tampoco se quedaba corto, y pedía a Mariano Rajoy que un general de brigada, preferiblemente de la guardia civil, tomase el control de los Mossos de Esquadra para frenar el proceso independentista.
El periódico “El Mundo”, en su editorial del 27 de septiembre, exigía al Gobierno “una respuesta penal al desafío de Artur Mas” de convocar un referéndum de autodeterminación e instaba a modificar el código penal y “castigar con pena de cárcel e inhabilitación la convocatoria de una consulta ilegal”. Y para no ser menos, la plataforma ultra Reconversión, con Alejo Vidal Quadras y José Antonio Ortega Lara a la cabeza, exigía al Gobierno la intervención de Catalunya, apelando a los artículos 161.2 i 155.1 y 2 de la Constitución, si se convocaba dicho referéndum.
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