La decisión de Google de compartir información de sus usuarios de manera horizontal entre todos sus productos genera fricciones entre la compañía y la Unión Europea, que además de generar críticas, sería objetivo de acciones legales por parte de la Unión Europea.
JJ Velasco
ALT1040
Está a punto de cumplirse un año desde que Google aplicase su nueva política de privacidad de manera unilateral (tras el preaviso que nos dio en el mes de enero de 2012).
Este cambio suponía el tratamiento unificado de nuestros datos en todos los servicios de Google, es decir, dejábamos de ser usuarios de “servicios particulares” de Google para serlo de todos sus servicios a la vez; un matiz que servía para unificar los datos que almacenaban sobre nosotros y abrir la puerta a un tratamiento y procesamiento unificado.
Al hacer efectivo el cambio, fueron muchas las voces que se alzaron en contra de este cambio y, en el seno de la Unión Europea, la Comisión Europea exigió cambios que no han sido tenidos en cuenta por los de Mountain View y que han enfadado bastante a las autoridades comunitarias hasta el punto de que piensan emprender acciones legales contra Google.
En Francia, por ejemplo, el CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), que es el organismo encargado de la protección de los datos personales de los ciudadanos franceses, ha sido bastante taxativo y ha pedido que se lleve a cabo una “acción represiva y coordinada por las autoridades europeas” y, con esta idea, representantes de los 27 países miembros de la Unión sumarán sus esfuerzos para coordinar las acciones legales que llevarán a cabo en sus países y ante los reguladores europeos para que puedan ejecutarse este mismo verano.

Despite being labeled as conspiracy nuts, the prediction from a few voices in the wilderness that Google was planning to use the ambient background noise of a person’s environment to direct targeted advertising to them through technology has come to pass.
Despite Google’s much-heralded support for the anti-SOPA movement, the web giant is already enforcing SOPA-like policies of its own, blacklisting legitimate websites from its news aggregator and following government orders to remove material from its search results and You Tube.